Tras la nube tóxica que afectó hace algunos días atrás a las comunas de Quintero y Puchuncaví, la cual dejó a 358 personas afectadas y que mantiene en alerta amarilla a la zona, el llamado es ahora a repensar la forma en que se compatibiliza el desarrollo productivo con la calidad de vida y la salud de las personas.

Luego de lo ocurrido, el Gobierno culpa de la emanación de esta nube tóxica a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), mientras que el Ministerio de Medio Ambiente envió un medidor a la “zona de sacrificio”, el que detectó la presencia de tres gases: Metocloroformo, Nitrobenceno e Isobutano, químicos que pueden producir daño hepático, efectos en las hormonas y muerte celular en los seres humanos.

Pilar Álvarez, trabajadora social, Jefa de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Viña del Mar (UVM) y Coordinadora del Diplomado en Derechos Humanos y No Discriminación: Herramientas para la Gestión Social UVM, comentó que lo que está pasando hoy en Quintero es un tema que se arrastra hace años pero que hoy alcanzó niveles críticos, afectando a la salud de las personas a tal punto que tenemos habitantes que están intoxicados, “no ha habido un plan serio que se haga cargo de esta problemática de verdad”,  señaló.

Sobre esto último, resaltó que es grave que el  Estado no está respondiendo como garante de los derechos de las personas afectadas; el Estado debe garantizar los  derechos humanos de las personas, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que está ratificado en la Constitución del Estado.  Asimismo, reconoció que el problema puede escalar incluso a nivel internacional.

“Acá no se puede llegar y  definir zonas de sacrificio;  hay que pensar el desarrollo  y este no puede ser a costa de las personas, de las comunidades;  ahora estamos pendientes de Quintero, pero lamentablemente, a menudo estamos conociendo de otras situaciones similares en el país;  entonces de fondo,  lo que debemos pensar como sociedad, con las comunidades y no de espaldas a ellas, es qué desarrollo  queremos”,  postuló Álvarez.

Sin embargo y pese a que se deben generar una planificación a nivel país para evitar futuros daños medioambientales y sobre la salud de las personas, la docente dice que ahora se debe reparar y generar un plan de descontaminación, “ver cómo no se contamina más, pero por otra parte es necesario reparar el daño,  enfrentar los efectos, que ya hay a nivel de suelo, a nivel de aire, en la salud de las personas y en realidad ahí van a tener que actuar todos los organismos involucrados: salud, educación, las comunidades, etc.”.

El valor de gestionar respetando los derechos humanos

Álvarez dijo que situaciones como las ocurridas en Quintero significan un llamado a que los profesionales de distintas áreas se sensibilicen en temáticas como los derechos humanos. Esto, va en línea de lo que propone la segunda versión del Diplomado en Derechos Humanos, el cual ofrece un panorama general de diferentes desarrollos normativos, conceptuales y prácticos que promueven los derechos humanos hacia grupos de especial protección, entregando herramientas específicas para el trabajo y la intervención social.

Su coordinadora explicó que el programa busca entregar herramientas para la gestión “esperamos que los alumnos se sensibilicen y valoren esta perspectiva; que incorporen además, herramientas  que les permitan enfrentar  su quehacer profesional,  con la clara conciencia que los derechos humanos no son algo abstracto, sino que están y deben estar presentes en cada acción que hagamos”.

El diplomado está dirigido a profesionales de carreras de las ciencias sociales y jurídicas, así como de las humanidades, que se desempeñen en Instituciones públicas y privadas.

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